¿Es posible conseguir en el mercado de la contratación pública la eficiencia y dinámica propia de los mercados privados? No, pero como se analiza en la primera parte de la presente obra, tampoco es lo deseable. Entonces, ¿debemos contentarnos con la eficiencia actual de la contratación pública? Nada más lejos de la realidad. La evidencia empírica pone de manifiesto que disponemos de un amplio margen de mejora en este ámbito. Es cierto que las directivas europeas y su transposición española se muestran conscientes de las peculiaridades estructurales del poder adjudicador como comprador y de los derechos de sus potenciales proveedores como administrados; estableciendo un enfoque coherente con los principios de nuestro Estado de democrático de Derecho a la hora encauzar el gasto público. Al mismo tiempo, esta normativa trata de abordar las dificultades de los poderes adjudicadores para poder conformar sus demandas, así como las de los operadores económicos para poder participar en procedimientos de compra pública. Si bien, esta regulación todavía cuenta con ciertas carencias sobre las que en la presente obr